Sábado 26 de Abril de 2025
El secretario de Hacienda fue uno de los expositores que participó en el Concejo Deliberante de la Audiencia Pública sobre las tarifas de servicios públicos, junto a representantes de diferentes sectores de la comunidad y referentes sociales.
Durante la reciente Audiencia Pública sobre las tarifas de servicios públicos, convocada por iniciativa de los bloques de Unidad por Chascomús y el Partido Justicialista, se escucharon las exposiciones de distintos sectores y actores sociales sobre el aumento de las facturas de luz y su impacto en este difícil contexto económico y social que atraviesa nuestro país.
Este evento, que tuvo lugar el viernes pasado en el Concejo Deliberante, contó con la participación de representantes de diversos sectores de la comunidad, incluyendo vecinos, sociedades de fomento, organizaciones empresariales y sociales, y referentes de barrios.
En representación del gobierno municipal, asistió el secretario de Hacienda, Juan Facundo Alfonsín, señaló que la municipalidad acumula una deuda de cuatro meses con la empresa distribuidora de electricidad EDEA S.A.
Alfonsín explicó que los gastos de energía eléctrica del municipio están principalmente relacionados con el alumbrado público y el funcionamiento de los sistemas de agua y cloacas.
“A pesar de haber ampliado de forma notoria el servicio de alumbrado público, como así también los bombeos asociados a la provisión de agua y cloacas, la Municipalidad mantiene un consumo anual casi idéntico que al inicio de la gestión de Javier Gastón, cercana a los 8 millones de kw”; agregando que “esto se explica en la conversión a led y la modernización de la infraestructura municipal que utiliza electricidad”.
En su exposición, el secretario detalló que, conforme a las leyes 11.769 y 10.740, los municipios reciben una contribución especial de las distribuidoras a través de la boleta de luz, la cual es pagada por los usuarios, además de la tasa de alumbrado público. “Habitualmente, EDEA transfiere estos ingresos mensualmente a la municipalidad, descontando los gastos de energía correspondientes. Sin embargo, al mes de mayo, la deuda asciende a $45 millones, y se espera que el saldo de junio también sea negativo”, detalló.
“Estas políticas nacionales de shock, que sólo pretenden mostrar mejoras en algunos indicadores fiscales, con el nivel de impiedad que se aplican, nos afectan a todos y son un caldo de cultivo de situaciones sociales muy complejas, que además siguen madurando con el tiempo”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Matías López, expresó su preocupación por los altos costos de las facturas eléctricas en un contexto de baja actividad económica.
“Nos preocupan los aumentos en las facturas domiciliarias, porque son los mismos vecinos los que sufren estos aumentos y los que consumen en nuestros comercios, y esto hace que pueda bajar más la actividad económica. Los planes de pago no son solución, porque es patear para adelante y el panorama es el mismo en un mes, dos meses o tres meses. Necesitamos hacer visible que los comercios han disminuido la cantidad de horas que están abiertos, lo que significa que algún vecino trabaje menos, mientas que otros comercios han cerrado porque se hace muy difícil sostener la actividad comercial con estas tarifas”, manifestó.
